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La tiránica enmienda de la legislación de comunicaciones del gobierno australiano (Lucha contra la desinformación y la desinformación) Bill 2023 se enfrenta a una formidable resistencia del Colegio de Abogados de Victoria, ya que suena la alarma por un grave asalto a la libertad de expresión y expresión.
Esta legislación orwelliana, impulsada por el ministro de comunicaciones desde enero, busca armar a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) con poderes opresivos para abordar la “desinformación y desinformación” en línea.”Sus disposiciones draconianas incluyen un mandato para que la ACMA monitoree de manera agresiva el progreso en la sofocación de la” desinformación “en línea en varias plataformas digitales, y aplique los estándares de la industria diseñados para amortiguar la libertad de expresión con el pretexto de combatir la desinformación.
El Colegio de Abogados de Victoria ha expresado valientemente “serias objeciones” a este proyecto de ley en una reciente declaración ante el Consejo Jurídico de Australia. Su argumento? El proyecto de ley descuida lamentablemente respetar la santidad de la libre expresión y los derechos de privacidad asociados.
El presidente del Colegio de Abogados de Victoria, Sam Hay KC, condujo a casa la importancia de esta protesta, subrayando la inquietud del Colegio de Abogados sobre el impacto invasivo del proyecto de ley propuesto sobre la libertad de expresión y la privacidad. El Colegio de Abogados está particularmente preocupado por la amenaza a la libertad de expresión, calificándola de “el alma de la democracia”.”
La crítica exhaustiva del Colegio de Abogados continúa, prediciendo una ola de autocensura a medida que los usuarios de los servicios en línea se retiran por temor a ser tildados de proveedores de información errónea. La necesidad misma del proyecto de ley es cuestionada, ya que señala la efectividad de las contramedidas recientes contra la propagación de falsedades en línea.
El Bar pinta una imagen sombría de la solución propuesta por el proyecto de ley, argumentando que podría empeorar el problema al alienar a los que ya sospechan del estado y marginados en pequeñas comunidades en línea. Advierte contra un enfoque silenciador y promueve la persuasión y la difusión de información precisa como un contador para la información errónea.
Plantean el tema de un “doble estándar iliberal”, que potencialmente favorece a los partidarios del gobierno a expensas de los críticos. Además, el Colegio de Abogados critica la definición vaga e impracticable de información errónea del proyecto de ley. Si bien dicen que reconocen la necesidad de contrarrestar la información dañina en línea, el Colegio de Abogados de Victoria toma una posición, afirmando que las medidas propuestas son desproporcionadamente intrusivas y probablemente ineficaces con respecto a sus objetivos previstos.
