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Barack Obama aprobó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), con la cual las autoridades militares pueden detener a cualquier ciudadano estadounidense en cualquier parte del mundo, indefinidamente y sin juicio previo, alegando la sospecha de terrorismo.

El año nuevo comenzó en Estados Unidos, al menos en materia legal, con la aprobación por parte del presidente Barack Obama de una medida netamente totalitaria y dictatorial, propia de un gobierno represivo. Se trata de la National Defense Authorization Act (NDAA), una ley que, en términos generales, permite a las autoridades militares detener a cualquier estadounidense en cualquier parte del mundo sin especificar los cargos que se le imputan ni el tiempo de detención, basándose únicamente en la sospecha de terrorismo. Asimismo, la interrogación y persecución de los sospechosos también carece de límites precisos, por lo cual la tortura y otros procedimientos afines podrían volverse totalmente legales.

Aunque se dice que Obama quiso vetar la NDAA por el evidente abuso que implica a las garantías civiles más elementales de todo ciudadano, al final dio su beneplácito, aunque “con serias reservas”: “Quiero aclarar que mi administración no autorizará la detención militar indefinida y sin juicio de ciudadanos estadounidenses. De hecho creo que hacer en esto rompería con nuestras más importantes tradiciones y valores que tenemos como nación. Mi administración interpretará la sección 1021 [de la ley] asegurándose que cualquier detención autorizada se llevará a cabo conforme a la Constitución, las leyes de guerra y todas las leyes aplicables”, declaró Obama en un comunicado al respecto. El diario El País informa que el presidente tuvo que firmar la ley “porque la finalidad general de esa norma es financiar en parte a las tropas y la guerra de Afganistán”.

Por otro lado, activistas y abogados en pro de las libertades civiles se mostraron decepcionados por la actuación del presidente Obama, pues creían que con él habían quedado atrás los excesos en que incurrió la administración Bush en su “guerra contra el terror”; confían además en que esta ley pueda derogarse por medio de otros recursos como la apelación ante la Suprema Corte.