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El Consejo de Defensa del Estado, CDE, se querelló contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, y la ex jefa de la División Jurídica de este ministerio, Jimena Bronfman, por falsificación de instrumento público, delito que habrían cometido cuando integraban el Comité Especial de Licitación que le adjudicó la explotación de Litio a la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, proceso que fue anulado tras un festival de irregularidades.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Centro Norte y la acción judicial contra Wagner incluye también a Jimena Bronfman, ex jefa de la División Jurídica de este ministerio y secretaria del CEL.
Según información publicada por diario El Mercurio, ambos «debían velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación» que fue adjudicado en su momento a Soquimich.
La compañía presentó una declaración donde omitió la información acerca de no tener litigios pendientes con el Estado de Chile, que era uno de los requisitos que imponía las bases de la licitación.
Este antecedente determinó que el CEL finalmente anulara la licitación en octubre del 2012. Sin embargo, previo a ello Wagner y Bronfman levantaron un acta de cierre de evaluación de requisitos administrativos que certificaba que todos los oferentes, incluido Soquimich, cumplían con las bases del proceso. Esta evaluación, sin embargo, no fue realizada por el CEL.
El Consejo de Defensa del Estado señala que Soquimich estaba impedida de participar en la licitación y que tanto Wagner como Bronfman firmaron «un acta que falta a la verdad».
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, por una posible falsificación de instrumento público, que se habría producido cuando integraba el Comité Especial de Licitación que le adjudicó la explotación de Litio a la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich).
La investigación está a cargo de la Fiscalía Centro Norte y la acción judicial contra Wagner incluye también a Jimena Bronfman, ex jefa de la División Jurídica de este ministerio y secretaria del CEL.
Según información publicada por diario El Mercurio, ambos «debían velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación» que fue adjudicado en su momento a Soquimich.
La compañía presentó una declaración donde omitió la información acerca de no tener litigios pendientes con el Estado de Chile, que era uno de los requisitos que imponía las bases de la licitación.
Este antecedente determinó que el CEL finalmente anulara la licitación en octubre del 2012. Sin embargo, previo a ello Wagner y Bronfman levantaron un acta de cierre de evaluación de requisitos administrativos que certificaba que todos los oferentes, incluido Soquimich, cumplían con las bases del proceso. Esta evaluación, sin embargo, no fue realizada por el CEL.
El Consejo de Defensa del Estado señala que Soquimich estaba impedida de participar en la licitación y que tanto Wagner como Bronfman firmaron «un acta que falta a la verdad».
Antecedentes
Los derechos de explotación que SQM se adjudicó el 25 de septiembre 2012 al obtener el primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), y que la convertirían en la titular de una cuota de 100 mil toneladas del mineral por los siguientes 20 años, se esfumaron rápidamente.
Desde que la empresa minera que controla el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, ganó el concurso público con una oferta de US$ 40,1 millones ($19.301 millones), comenzó a develarse una serie de inconsistencias e irregularidades que obligaron al gobierno a invalidar toda la operación.
El proceso acabó oficialmente el 22 de noviembre del año pasado y no sólo le costó el cargo a Pablo Wagner, el subsecretario de Minería que estuvo a cargo de la licitación, y a la jefa de la División Jurídica de esa misma cartera, Jimena Bronfman, sino que también significó la apertura de una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Centro Norte por perjurio y fraude al Fisco en contra de SQM y los dos ejecutivos que la representaron en la subasta pública: Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac, este último hermano del ministro de Minería, Hernán de Solminihac.
Entre las inconsistencias del proceso se encuentran las dos declaraciones juradas que SQM presentó para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación. Ambos documentos, que llevan la firma de Ramos y de De Solminihac, resultaron clave para que el concurso público se viniera abajo. El motivo: SQM habría entregado información falsa para poder participar en el proceso licitatorio. Y no sólo eso, sino que además habría cambiado el documento por otro en un procedimiento completamente fuera de las normas.
Si a pesar de las irregularidades, el proceso continuó y SQM terminó adjudicándose la primera licitación del litio organizada por el gobierno, fue porque nunca se realizó la sesión que debía efectuar el Comité Especial de Licitación (CEL) para certificar la veracidad de las declaraciones de las tres empresas que se presentaron al concurso público –SQM, SLM NX Uno de Peine y Posco Consortium–, como lo estipulaban las bases.
Aún así, el CEL –un organismo que dirigía Wagner en su calidad de subsecretario y en el que participaban otros dos funcionarios del Ministerio de Minería (entre ellos Bronfman), uno de Cochilco y otro de Sernageomin–, emitió el 12 de septiembre de 2012 un oficio donde aseguraba que los antecedentes presentados por las tres mineras para competir por el CEOL eran acordes a lo exigido en las bases de la licitación. El documento sólo lleva la firma de dos de los cinco miembros del CEL.
Al mes siguiente, cuando se acreditó el incumplimiento por parte de SQM a las normas de la subasta, el organismo encargado de velar por el correcto cumplimiento de las normas de la licitación sesionó nuevamente, abriendo un nuevo flanco. Las actas de esas sesiones, si bien indican que contaron con la presencia de todos los miembros del CEL, no cuentan con todas sus firmas. Y de hecho, la sesión del 1 de octubre, acabó con dos documentos oficiales diferentes entre sí y con firmas distintas. Un hecho grave si se considera que fue precisamente en esa reunión donde se decidió invalidar el concurso público y que dicho acto requería por reglamento la firma de todos sus miembros.
Todo lo anterior se tradujo en que el proceso volvía a fojas cero, ya que se había anulado la adjudicación a SQM y la aceptación de las demás ofertas. Pero lo más grave fue que, en vez de cobrarla, la boleta de garantía por US$ 4.000.000 (unos $1.900 millones) que debió presentar SQM al momento de la adjudicación para garantizar la seriedad de su oferta, le fue devuelta.
Precisamente por eso es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una querella contra quienes resulten responsables de la falsificación de las actas del CEL. De esta manera, el CDE pasa a ser parte activa de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
