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Las donaciones para financiar las campañas políticas se cuentan en millones de dólares entre los grandes conglomerados como Enersis. Aunque la ley que regula el financiamiento de las campañas les permite el anonimato, CIPER rastreó los directorios de los grandes grupos económicos y encontró donaciones de las empresas ligadas a las familias Matte, Luksic, Del Río, Cúneo-Solari, Angelini y Yarur. Todos quieren influir en las decisiones políticas y para ello suelen dividir sus aportes entre distintas empresas, evadiendo los topes legales.
El pasado 30 de agosto, el directorio de Endesa Chile se reunió para resolver un asunto importante. Las cámaras de video se encendieron en Madrid y Mallorca para conectarse en una videoconferencia con la sesión que presidía en Santiago Jorge Rosenblut y a la que asistieron, entre otros directores, Vittorio Corbo y Felipe Lamarca. Se tomaron sólo dos acuerdos. El primero, fue donar de manera reservada un millón de dólares –equivalentes a $509.750.000, según consta en el acta (ver documento)–, para financiar campañas políticas en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, así como también en las elecciones de senadores y diputados que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre. El segundo acuerdo fue mandatar a Jorge Rosenblut para distribuir el millón de dólares según los lineamientos dados por el mismo directorio. Rosenblut conoce bien este mundo, pues fue uno de los recaudadores de la campaña de Michelle Bachelet en 2004, cuando debutó la nueva ley de financiamiento y gasto electoral.
Enersis –grupo controlado por Endesa España, que a su vez es controlada por la italiana Enel– siguió los pasos de su filial Endesa Chile y a comienzos de septiembre acordó donar US$ 2,5 millones –equivalentes a $1.274 millones– con el mismo fin (ver documento). A esta decisión concurrieron algunos directores que son figuras públicas, partiendo por el presidente del holding y también de la Bolsa de Comercio, Pablo Yrarrázaval, el ex presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, y el presidente de Larraín Vial, Leonidas Vial, recientemente cuestionado por su rol en el caso Cascadas.
El acta de dicha sesión menciona que parte de ese dinero puede ser donado a través de algunas de sus filiales, pero no precisa si Endesa está entre ellas. Si se trata de decisiones autónomas, los aportes a campañas políticas de Endesa y Enersis sumarían US$ 3,5 millones, lo que equivale a una décima parte de lo donado a todos los candidatos del país en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias ($19 mil millones). Por eso, no es aventurado pensar que puede tratarse de una de las donaciones políticas más importantes –si no la más grande– de un grupo empresarial en este proceso eleccionario. La división de la donación entre distintas empresas del holding –tal como hacen muchos grupos económicos– se hace necesaria para poder eludir la norma electoral que establece que una persona (natural o jurídica) no puede realizar donaciones que superen las 10.000 UF (poco más de $230 millones) a un grupo de candidatos o partido.
El impacto de la inversión electoral del grupo Enersis puede ser relevante en el resultado de los comicios. Un estudio econométrico de Claudio Agostini, hecho para el Centro de Estudios Públicos (CEP) y CIEPLAN, demostró que en Chile la influencia del gasto electoral en la votación de un candidato es aún mayor que en Estados Unidos. Por eso ese aporte resulta clave para grandes compañías, como el grupo Enersis, que tienen pendientes millonarios proyectos como HidroAysén. El complejo hidroeléctrico se encuentra hace dos años a la espera de ser visado por el Consejo de Ministros y aún debe someter a tramitación su línea de transmisión, por lo que más que gasto en donaciones, se trata una inversión que vale mucho más que un par de millones de dólares.
Eso también lo saben su socia en HidroAysén, Colbún, propiedad del grupo Matte. A través de sus filiales Colbún Transmisión S.A. y Río Tranquilo S.A., los Matte realizaron aportes de campaña tanto para las primarias de mayo pasado, como para las elecciones generales de noviembre. Ambas empresas tienen directorios idénticos y se reunieron el 25 de mayo, primero a las 9 de la mañana (ver documento) y luego al mediodía (ver documento), para acordar la donación reservada de hasta $25 millones cada una. Las dos sociedades repitieron el trámite el 9 de septiembre. Esta vez Río Tranquilo decidió donar hasta $40 millones (ver documento), mientras que Colbún Transmisión aportará hasta $125 millones (ver documento ) para las elecciones de presidente, senadores, diputados y hasta consejeros regionales. En total, las dos empresas autorizaron donaciones políticas que suman $215 millones este año.
Aunque los montos pueden parecer cuantiosos, no lo son tanto si se toma en cuenta las dimensiones de lo que está en juego: Hidroaysén. Según la información publicada por el diario Pulso, ya se han invertido US$ 275 millones y en total Hidroaysén costará unos US$ 4.500 millones, a lo que hay que sumar un monto similar para el desarrollo de la línea de transmisión. “Estamos pidiendo a gritos una política energética nacional”, dijo esta semana Bernardo Matte, director de Colbún, empresa que ha condicionado la construcción de Hidroaysén a un acuerdo en política energética.
Es posible que tanto el grupo Enersis como el grupo Matte hayan hecho donaciones aún mayores a través de otras empresas o filiales cuyas actas de directorio CIPER no encontró, pues investigar las donaciones electorales en Chile es como buscar una aguja en un pajar.
LUKSIC, ANGELINI Y LOS DEMÁS
Después de un largo debate, hace 10 años comenzó a regir una nueva ley que regula el financiamiento de las campañas políticas y el gasto electoral. Si bien la norma fue un avance al poner límites al gasto, entregar aportes fiscales para el financiamiento de las campañas y regular las donaciones privadas, su aporte a la transparencia fue mínimo. Al permitir donaciones de tres tipos: públicas, anónimas (sólo el administrador electoral conoce al donante) y reservadas (el nombre del donante es secreto), en la práctica lo que ha pasado es que el nombre de los financistas de la política permanecen en total anonimato.
Si bien se asume que los grandes financistas de las campañas electorales son empresas y no personas, hasta ahora había total opacidad sobre la identidad de quiénes son los donantes. CIPER obtuvo la primera pista durante la investigación a los negocios de la Universidad San Sebastián (ver reportaje), cuando revisando las escrituras descubrimos que las sociedades que la controlan habían hecho donaciones a las anteriores elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto, gracias a que la ley obliga a que los directorios de las empresas aprueben las donaciones, las que quedan entonces en un acta que debe reducirse en escritura pública. Si bien esta rendija da luces sobre quiénes hacen las donaciones, la ley prohíbe dejar en el documento público registro de quiénes son los destinatarios de los fondos, cuando se trata de donaciones reservadas.
Para descubrir a los financistas de las campañas iniciamos un recorrido por las principales notarías de Santiago, en busca de las escrituras que contuvieran las aprobaciones de los directorios de las grandes empresas. Se trató de una búsqueda a ciegas y cuyo resultado no es exhaustivo, lo que implica que puede haber escrituras que no encontramos, directorios que aún no sesionan o actas que aún no han sido enviadas a las notarías. Además, los grupos empresariales donan a través de sus distintas sociedades, lo que facilita la elusión de los límites impuestos por la ley para cada persona jurídica. De todos modos, la búsqueda arrojó resultados relevantes para desmitificar quiénes son las empresas que financian la política.
Además de los grupos Enersis y Matte, el grupo Luksic acordó hacer donaciones políticas a través de su matriz Quiñenco. El acta de la sesión del directorio del 6 de junio pasado (ver documento), confirma que la empresa habitualmente hace aportes políticos, desde candidatos presidenciales a concejales. Para justificar las donaciones, Quiñenco apela a la transparencia, dejando en acta que “las donaciones para campañas políticas las efectuaba la compañía como una contribución a la mejor información respecto a las opciones ofrecidas, lo que sin duda beneficia a la transparencia de las mismas, siendo además, la reserva, un mecanismo que resguarda la independencia de gestión de aquellos que resulten elegidos en cada elección, quienes deberán concentrar los esfuerzos de su mandato en el interés del país”. Pese a que la mayor parte de las empresas deja en la escritura pública el monto que espera donar, Quiñenco no lo hace, y sólo lo incluye en un libro de “hechos reservados”. A la reunión asistieron los directores Nicolás Luksic Puga (hijo del fallecido Guillermo Luksic), el ex ministro de Hacienda de Pinochet Hernán Büchi, Gonzalo Menéndez, Matko Koljatic y Fernando Cañas, quien además es presidente del Metro de Santiago.
Al igual que los dueños de otros conglomerados, los Luksic también donan a través de sus filiales. Así al menos lo hicieron en septiembre de 2009, cuando Guillermo Luksic Craig presidió el directorio de la Compañía de Cervecerías Unidas S.A. donde estuvo “especialmente invitado” el asesor Hernán Büchi. Allí se decidió financiar campañas electorales de candidatos y partidos políticos de manera reservada. Un mes más tarde, Guillermo Luksic presidió una sesión similar de otras dos filiales de CCU, Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras Chilena Unidas S.A., donde ambas compañías adoptaron acuerdos similares. Ninguno de los tres directorios decidió detallar el monto de las donaciones.
Otro grupo que sigue ese camino y no revela los montos, es el grupo Angelini a través de su empresa Corpesca S.A. La decisión de aportar dinero a las campañas políticas se tomó el 1 de agosto pasado en una sesión presidida por Roberto Angelini. De acuerdo al acta (ver documento), el nuevo gerente general de la compañía, Claudio Elgueta, “expuso que de acuerdo a la responsabilidad empresarial que ha mantenido la compañía con la sociedad chilena y su institucionalidad política, y en particular con nuestro sistema democrático, corresponde decidir” sobre los aportes electorales. Se precisa que el aporte es reservado y por lo tanto “no podrá divulgarse por motivo alguno la forma de distribución de este aporte”. La precisión no está de más, considerando que en mayo pasado CIPER reveló que Corpesca aportó $25 millones a la campaña de la diputada Marta Isasi antes de la aprobación de la Ley de Pesca, lo que gatilló la renuncia del entonces gerente Francisco Mujica (ver reportaje).
El comercio no escapa de la fiebre por las donaciones políticas. A las seis de la tarde del 2 de octubre pasado, el directorio de Falabella Retail S.A. inició en la tradicional casa matriz de calle Rosas una sesión que calificó de “reservada”. A ella asistieron los representantes de las dos familias controladoras. Por la rama Cúneo-Solari estuvieron Paola Cúneo, Carlos Heller Solari, Carlo Solari, Juan Carlos Cortés Solari, Sergio Cardone Solari; y por los Del Río, Carolina y José Luis del Río Goudie. Por unanimidad, los directores decidieron donar $80 millones para las elecciones presidenciales y parlamentarias (ver documento). Sodimac S.A., otra de las empresas del grupo, siguió el mismo camino. Unos días antes, el 24 de septiembre, se reunieron en las oficinas de calle Rosas para aprobar una donación de hasta $196 millones (ver documento).
El grupo Yarur tampoco se quedó al margen del financiamiento de las campañas políticas. A comienzos de este año y a través de BCI Factoring acordó donar 1.500 UF, unos $34 millones, para las elecciones primarias. El 16 de septiembre se volvieron a reunir y el directorio de BCI Factoring le dio prácticamente un cheque en blanco al presidente Diego Yarur Arrasate, al acordar “destinar la suma equivalente hasta el máximo que la normativa establece” al financiamiento de campañas, desde presidente a consejeros regionales. Como ya se mencionó, el límite es de 10.000 UF a grupos de candidatos o partidos.
DONACIONES DISPARES
La primera elección presidencial con la nueva norma fue la de 2004-2005. En esa oportunidad, el 29% de los aportes privados de Michelle Bachelet fueron reservados, el 6% anónimo y sólo el 4% fue público. Joaquín Lavín sólo recibió aportes reservados, equivalentes al 60% de sus ingresos de campaña, mientras que Sebastián Piñera financió de su bolsillo gran parte del gasto y sólo el 7% correspondió a aportes reservado (ver los gastos e ingresos globales).
En la siguiente campaña, 2009-2010, Eduardo Frei recibió 37% de aportes reservados, 11% anónimo y menos de 2% público, mientras que Piñera obtuvo 25% de manera reservada, 17% anónimo y sólo 0,2% público. Los cálculos hechos por Agostini, revelan también que la Coalición por el Cambio recibió 4,08 veces más aportes privados que la Concertación. Dentro de la Coalición por el Cambio, la UDI obtuvo más de dos veces los aportes reservados que recibió Renovación Nacional. Le siguen la Democracia Cristiana, la que obtuvo un cuarto de lo que recibió la UDI. En términos globales, las donaciones privadas representaron 3,5 veces los aportes públicos.
Las empresas tienen un doble incentivo para financiar a los políticos. Además de buscar influencia en la toma de decisiones, las donaciones de campaña pueden descontar impuesto: se puede imputar como gasto hasta el 1% de las rentas. Gracias a eso, esta semana el vespertino La Segunda obtuvo datos globales de las donaciones privadas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII). Según dicha información, entre 2004 y 2010, las empresas solicitaron beneficios tributarios por $36 mil millones gastados en donaciones políticas.
fuente original para ver los documentos en pdf: http://ciperchile.cl/2013/11/06/los-secretos-de-las-empresas-que-financian-la-politica-quienes-son-y-cuanto-gastan/
