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En un cambio preocupante en las tácticas de aplicación de la ley, los legisladores franceses han dado luz verde a una medida que empoderaría a la policía para usar subrepticiamente teléfonos móviles y otros dispositivos como sus propias herramientas de vigilancia.
Los provisión, sancionado a fines del 5 de julio, permite a la policía activar de forma remota las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos, computadoras portátiles, automóviles y otros dispositivos conectados de los sospechosos. Este movimiento viene como parte de un proyecto de ley más amplio de reforma judicial.
La medida se dirige específicamente a personas sospechosas de estar involucradas en delitos, estipulando que solo aquellos implicados en delitos punibles con un mínimo de cinco años de prisión pueden ser vigilados de esta manera.
La activación remota de dispositivos no solo está dirigida a la geolocalización, sino que también se puede emplear para capturar información de audio y visual relacionada con sospechosos presuntamente involucrados en terrorismo, delincuencia o delincuencia organizada.
Sin embargo, la disposición no navegó sin oposición.
La organización de derechos digitales La Quadrature du Net, en un comunicado emitido en mayo, expresó con vehemencia su inquietud con respecto a la posible infracción de libertades fundamentales como “derecho a la seguridad, derecho a una vida privada y correspondencia privada” y la libertad de movimiento. La organización caracterizó esta propuesta legislativa como sintomática de un descenso a medidas de seguridad opresivas.
En un esfuerzo por calmar las preocupaciones, los miembros del partido del presidente Emmanuel Macron introdujeron una enmienda durante el debate, que impone restricciones a la utilización de esta vigilancia encubierta. La enmienda exige que el espionaje solo pueda justificarse en función de la gravedad del delito y debe ser proporcional a la naturaleza de la presunta actividad delictiva.
Además, un asentimiento judicial es obligatorio para cualquier aplicación de esta disposición, y existe un límite en la duración total de dicha vigilancia, que no puede exceder los seis meses. Además, ciertas profesiones consideradas sensibles, como médicos, periodistas, abogados, jueces y miembros del parlamento, están exentas de ser atacadas.
En defensa de la disposición, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, ha minimizado los temores de un mal uso generalizado, afirmando que se aplicaría en un número muy limitado de casos, simplemente “docenas de casos al año”.”
Intentó calmar aún más las ansiedades distanciando la medida de la vigilancia distópica, afirmando: “Estamos lejos del totalitarismo de 1984”, haciendo referencia a la famosa novela de George Orwell. Afirmó enfáticamente que esta ley sería una herramienta para salvar vidas, afirmando que “la implementación de esta ley salvará la vida de las personas”.
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